CODIGO CIVIL:

La responsabilidad Civil del Docente se encuentra contemplada en nuestra legislación en el Art. 1117 del Código Civil, que por ser una ley nacional su ámbito de aplicación es para todos los docentes del país cualquiera sea su jurisdicción.

Dicho Art. ha sido reformado por la ley Nº 24.830 del año 1997.

En este espacio se publicarán el texto vigente del art. 1117 como así también el reformado.

Art. 1117 (Texto vigente)

Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito.

Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales, dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente.

La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario universitario.

Art. 1117 (Texto original reformado en 1997 por la ley 24.830)

Lo establecido sobre los padres rige respecto de los tutores y curadores, por los hechos de las personas que están a su cargo. Rige igualmente respecto de los directores de colegios, maestros artesanos, por el daño causado por sus alumnos o aprendices, mayores de 10 años, y serán exentos de toda responsabilidad si probaren que no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado que era de su deber poner.

BREVE COMENTARIO:

El nuevo art. 1117 del Código Civil, reformado en 1997, limita la responsabilidad civil de los docentes. Su difusión y conocimiento es muy reducida y atenta contra la "relativa tranquilidad" que le tendría que haber otorgado tanto a docentes como directivos de las instituciones educativas, estando excluídas del alcance de tal artículo los establecimientos terciarios universitarios.

Con la reforma producida los docentes no obtuvieron aún, quizá por el desconocimiento, la "tranquilidad" de no responder con su propio salario o patrimonio, dado que el cambio implica trasladar la responsabilidad a los propietarios de las escuelas (entiéndase dueños en le caso de establecimientos privados, y de los gobiernos en el caso de las escuelas públicas).

En tal sentido, la acusación de negligencia en el accionar docente, deberá seguir una vía administrativa sumarial, iniciada por sus superiores.

Además, en la actualidad, quien demande al propietario de un establecimiento, tendrá la carga de probar la negligencia del docente, y no como era el sistema anterior a la reforma en la que el docente debía probar que había obrado con la debida diligencia.

En síntesis, con la reforma se producen dos grandes cambios:

  1. Reponsable: El actual responsable no es el docente sino el propietario del establecimiento.
  2. Carga de la Prueba: En la actualidad el que demande al propietario de un establecimiento, debe probar la negligencia docente, eliminándose la presunción de culpabilidad que recaía sobre el docente, quien antes debía probar que había obrado con la diligencia debida.

 JURISPRUDENCIA y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA 

ADVERTENCIA:

En este espacio se publicarán algunos fallos sobre responsabilidad civil del docente. Téngase en cuenta que los mismos, son aplicaciones del Art. 1117 cuyo texto ha sido reformado en 1997. Por ser de reciente vigencia el nuevo art. 1117, se carece de fallos actuales, conforme a su nueva redacción.

De todos modos, los fallos publicados, no dejan de ser un elemento enriquecedor e ilustrativo a tener en cuenta en la función docente.

Además téngase en cuenta que la negligencia del docente, puede llegar configurarse en las situaciones que se detallan a continuación.

Como complemento de dichos fallos, también se transcriben algunos artículos de Código Civil, que son citados en los mismos.

OTROS ARTÍCULOS DEL CODIGO CIVIL CITADOS EN LOS FALLOS

Art. 512. La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Art. 514. Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse.

Art 902. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

Art 953. El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto.

Art. 1109. Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.

Cuando por efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la acción de reintegro.

Art. 1111. El hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna.

Art. 1112. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título.

Art. 1113. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.

En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable.

Art 1114 El padre y la madre son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de los hijos si fueran mayores de diez años. En caso de que los padres no convivan, será responsable el que ejerza la tenencia del menor, salvo que al producirse el evento dañoso el hijo estuviere al cuidado del otro progenitor.
Lo establecido sobre los padres rige respecto de los tutores y curadores, por los hechos de las personas que están a su cargo.

Art 1115. La responsabilidad de los padres cesa cuando el hijo ha sido colocado en un establecimiento de cualquier clase, y se encuentra de una manera permanente bajo la vigilancia y autoridad de otra persona.

Art 1116. Los padres no serán responsables de los daños causados por los hechos de sus hijos, si probaren que les ha sido imposible impedirlos. Esta imposibilidad no resultará de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si apareciese que ellos no habían tenido una vigilancia activa sobre sus hijos.


JURISPRUDENCIA DE LA PCIA DE BS. AS.

CARATULA: Alvarez, Leonardo y otra c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ Indemnización de Daños y Perjuicios

Constituye una grave imprudencia permitir que una sola maestra conduzca a veintitres (23) niños de entre doce (12) y trece (13) años para bañarse en un río que no conocen, situado a bastante distancia del hotel en el que se alojaban y sin ninguna clase de instalaciones o personal de vigilancia en las inmediaciones (arts. 1109 y 1112, C. Civil).

Debe considerarse que la única causa del accidente -muerte de un menor ahogado en el río-, fue la conducta negligente de las maestras, que permitieron que veintitres (23) niños concurrieran con una sola de ellas a bañarse a un río desconocido, a pocos minutos de haber almorzado, sin apreciar que se encuentra en el orden natural de las cosas que niños de doce (12) y trece (13) años de edad carecen del tino necesario para guardar una estricta conducta como si fueran personas mayores (arts. 1109 y 1112, C. Civil).

La responsabilidad civil indirecta, establecida por el art. 1113, primera parte, C. Civil, se funda en una doble idea de elección y de vigilancia, y no cabe duda de que la directora del colegio fue quien eligió a las maestras que acompañaron al contingente de niños, siendo uno de ellos quien resultó víctima fatal del accidente.

Se encuentra ínsito en las facultades de quien dirige un colegio -público o privado-, el derecho de impartir órdenes e instrucciones en cuanto a la manera de cumplir las funciones que les ha confiado al personal a su cargo.

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CARATULA: Issler, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios

La obligación de enseñanza conlleva el deber de seguridad que gravita sobre los funcionarios que la imparten, aún considerada como la obligación accesoria de tomar todas las razonables medidas de vigilancia necesarias para evitar a los alumnos los daños que las circunstancias hagan previsibles.

ACUERDO

En la ciudad de La Plata, a -11- de agosto de mil novecientos noventa y dos, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Pisano, Mercader, Vivanco, Laborde, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 45.606, "Issler, Carlos Alberto contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".

ANTECEDENTES

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 6 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción.

La Cámara Primera de Apelación departamental -Sala II- rechazó la demanda entablada; con costas a los actores vencidos.

Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

CUESTION

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACION

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor

Negri dijo :

1. En lo que interesa destacar, la Cámara decidió sustancialmente que: 1) no se dedujo en forma clara y expresa que se sostuviera la responsabilidad de la demandada en una afirmada falta de vigilancia o cuidado del menor, de manera que decidir la cuestión sustentando la responsabilidad en esa circunstancia, constituye una violación al principio de congruencia; 2) la declaración de responsabilidad mediante la aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva en función de la acreditación del hecho acontecido por el riesgo o vicio de la cosa art. 1113 del C. Civ.), tropieza con la conclusión del perito ingeniero de fs. 169 en punto a que la saliente de la cerradura no podía producir el corte o la amputación de un dedo.

2. Opino, al igual que el señor Subprocurador General, que el recurso debe prosperar. En efecto, de los propios términos de la demanda de fs. 14 y 14 vta., surge sin hesitación el alcance de la imputación de responsabilidad que se le atribuye a la demandada al decir "...nuestro hijo, se encontraba en horario de clases (turno tarde) y bajo el control y responsabilidad del personal de la Dirección General de Escuelas..."; y de los propios términos de la contestación de la demanda se puede leer "...el daño fue provocado por el accionar de la víctima, por lo que no debemos responder, pudiéndose encuadrar como hecho propio de la víctima eximente de la responsabilidad de mi parte, y eventualmente dada su edad de 9 años, como caso fortuito o fuerza mayor, imprevisible o bien que previsto no pudo ser evitado ya que si bien la maestra, estaba junto a los niños cumpliendo con su deber de vigilancia y cuidado, no pudo evitarlo, dado la rapidez con que el menor desarrolló el hecho..." (v. fs. 35 vta.); con lo que queda demostrado que la cuestión ha sido debidamente bilateralizada, por lo que no se encuentra vulnerado el principio de congruencia ni el derecho de defensa.

Por otra parte, la demandada no ha logrado demostrar su falta de culpa. Según surge de la prueba rendida en la causa; en especial la testimonial de fs. 94/95 se encuentra acreditado que la maestra a cargo de la vigilancia y su compañera de funciones durante el recreo, vieron de espalda y a pocos metros del lugar del accidente al menor que jugaba con la puerta del aula.

La encargada de la vigilancia debió intervenir, para lograr que los niños allí reunidos no jugaran con o junto a la puerta; y con ello prevenir la posibilidad cierta de un daño.

La conducta de la docente entraña una falta del deber de actuar con la diligencia y precaución que hubiera observado una persona cuidadosa, de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512, C. Civ.).

Tiene dicho esta Corte que la culpa del deudor consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. La omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o para evitar un daño configura comportamiento culposo, se trate de cualquier clase de obligación (conf. causa Ac. 31.702, sent. del 22-XII-87).

Por lo demás, no hay duda que la obligación de enseñanza conlleva el deber de seguridad que gravita sobre los funcionarios que la imparten, aun considerada como la obligación accesoria de tomar todas las razonables medidas de vigilancia necesarias para evitar a los alumnos los daños que las circunstancias hagan previsibles.

En consecuencia, probado que la víctima del daño al momento de ocurrir el hecho se encontraba bajo el control y la responsabilidad de personal de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y encontrándose probado en autos que el accidente ocurrió por la negligencia o imprudencia con la que se ha faltado al cumplimiento de la obligación de seguridad implícita en la de enseñar, la transgresión de la misma engendra el deber de reparar el perjuicio ocasionado (arts. 512 y 1109, C. Civ.).

Es principio recibido que la prueba del caso fortuito pesa sobre quien lo alega.

El suceso que constituya caso fortuito o fuerza mayor debe ser además de inevitable -sea porque no pudo preverse, sea porque, aunque previsto o previsible, no pudo ser evitado-, extraordinario, anormal y ajeno al presunto responsable, es decir que no hubiera ocurrido por su culpa. Como se desprende de lo antedicho, tales circunstancias no se dan en la especie; no probándose así la eximente de responsabilidad (art. 514, C. Civ.).

3. Si lo que dejo expuesto es compartido, deberá hacerse lugar al recurso traído, revocar la sentencia impugnada y mantener la de primer grado. Costas de todas las instancias a cargo de la demandada (art. 68, C.P.C.).

Voto por la afirmativa .

Los señores jueces doctores Pisano, Mercader, Vivanco y Laborde , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa .

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se hace lugar al recurso extraordinario traído, revocando la sentencia impugnada y manteniendo firme la de primer grado; con costas (arts. 289 y 68, C.P.C.C.).

CARATULA: Almaraz, Silvia Odilia c/ Farías, José R. s/ Daños y perjuicios. Cobro de pesos

El art. 1.117 del Código Civil responsabiliza a los directores de colegio por los daños provocados por sus alumnos mayores de 10 (diez) años. Se trata de una presunción simple por culpa desde que expresamente contempla la liberación de tal responsabilidad si demuestran que "...no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado que era su deber poner".

ACUERDO

En la ciudad de La Plata, a -6- de abril de mil novecientos noventa y tres, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores San Martín, Pisano, Negri, Laborde, Mercader, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 49.726, "Almaraz, Silvia Odilia contra Farías, José R. y otros. Daños y Perjuicios. Cobro de pesos".

ANTECEDENTES

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la demanda fijando las indemnizaciones debidas.

Se interpuso, por la codemandada Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTION

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACION

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor San Martín dijo :

1. Minutos antes de que comenzara una clase de ejercicios físicos y de que se abrieran las puertas del local, un alumno sufrió una seria lesión provocada por otro condiscípulo. Se demandó la reparación de los perjuicios sufridos y dirigióse la acción contra los padres del presunto autor y contra la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

La demanda, en la alzada, sólo prosperó contra esta repartición oficial. El fallo la consideró responsable en los términos del art. 1117 del Código Civil.

2. La Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de la norma citada.

En lo sustancial sostiene que dicha responsabilidad no puede configurarse cuando el hecho ocurre, como en el caso, fuera del horario escolar.

3. El art. 1117 del Código Civil responsabiliza a los directores de colegio por los daños provocados por sus alumnos mayores de 10 años. Se trata de una presunción simple de culpa desde que expresamente contempla la liberación de tal responsabilidad si demuestran que "...no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado que era su deber poner".

La norma no hace alusión a ningún tipo de límites temporales de modo tal que sólo durante determinado período podría configurarse aquella responsabilidad. Y lo ha hecho -a mi juicio- con buen criterio desde que no se puede determinar la responsabilidad con un reloj o con un cronómetro, como pareciera insinuarlo la recurrente.

Presume la ley que el daño ha sido provocado porque medió una falla en la autoridad y en el cuidado que debía poner el director, lo que obstó a que pudiera ser impedido. De manera tal que, contra la opinión del recurrente, hay una expresa remisión a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el hecho se desarrolló. En el caso, la hora en que aconteció el accidente debe ser un elemento a considerar para determinar si pudo o no evitarse razonablemente la consecuencia dañosa.

Así como no podría emitirse una declaración estableciendo que fuera del horario escolar no existe responsabilidad, resultaría también absolutamente arbitrario entender que ella existe si el daño se produjo 5 minutos antes de comenzar o terminar el horario escolar y que no 1 minuto después. Tampoco resulta una interpretación razonable de la norma juzgar que siempre que el accidente haya ocurrido dentro de ese horario, habrá responsabilidad.

En definitiva, el director deberá demostrar que no pudo impedir el daño en los términos aludidos por el art. 1117 del Código Civil en su parte final. Y ello, como ya lo dije, remite a una cuestión circunstancial o de hecho eminentemente variable de un caso a otro que deberá ser evaluada por los jueces en cada situación concreta.

Es con tal inteligencia que ha podido declararse la irresponsabilidad del director por el daño provocado por un alumno que había concurrido al establecimiento escolar un día de asueto (La Ley, t. 34 pág. 237) o cuando -dentro de un recreo- hubo una agresión súbita sin posibilidad de contención (ídem, t. 44, pág. 473); y declararse la responsabilidad en otras circunstancias (ídem, t. 50, pág. 916).

En el caso de autos ha juzgado la alzada, con expresa remisión a las circunstancia que el mismo ofrece y la prueba producida, que la responsabilidad presumida no había sido desvirtuada por prueba en contrario. Por cierto que no ha hecho otra cosa que actuar las facultades inherentes a los jueces de las instancias ordinarias para apreciar la prueba y, como es sabido, no pueden ser objeto de censura en esta instancia si no se demuestra que en su ejercicio se ha actuado fuera de los amplios márgenes de razonabilidad, esto es, incurriendo en absurdo.

La impugnación de esta parcela del fallo aparece como la mera exposición de un criterio discordante con el de los sentenciantes lo que no es suficiente para descalificarlo (art. 279, C.P.C. y su doctrina).

4. También se agravia del monto establecido en concepto de incapacidad. Los otros rubros fijados (gastos médicos y de farmacia, y daño moral) no han sido objetados.

Señala que dicho monto es desproporcionado, pero la mera lectura de la crítica evidencia que ha sido realizada prescindiendo de la debida impugnación a los fundamentos brindados por la alzada para su cuantificación.

Como en el punto anterior, se ha manifestado una mera disconformidad sin demostrarse que el tribunal hubiese incurrido en un supuesto de absurdo (art. 279, citado).

5. Voto por la negativa . Los señores jueces doctores Pisano , Negri , Laborde y Mercader , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor San Martín, votaron también por la negativa .

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Notifíquese y devuélvase.

CARATULA: Gonzales, Luis M. y otra c/ Dirección Gral. de Escuelas de la Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios

La responsabilidad civil que se endilga a la docente no puede hallar sustento en la aplicación expansiva del art. 1117 del CC, ya que una de las condiciones que esta norma consagra es que se trate de daños ocasionados por los alumnos o aprendices a un tercero, de suerte que el director no responde por los daños que el alumno se haya ocasionado a sí mismo, a menos que se pruebe una culpa directa suya.

Si medió un obrar reprochable a la directora del establecimiento educativo -máxima autoridad administrativa en ese sitio y momento-, por incurrir en un defecto genérico de prevención debe responder en forma personal y directa frente a la víctima, conforme a lo estatuído por el art. 1112 del CC.

El art. 1112 del CC contempla la responsabilidad civil extracontractual de los funcionarios públicos a raíz de los hechos y las omisiones de éstos, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones, que configuran un cumplimiento irregular de las obligaciones legales que le están impuestas.

El sujeto pasivo de la responsabilidad prevista por el art. 1112 del CC, es el agente de la administración que, como tal, causa un daño a un tercero y por el que resulta personalmente responsable, de modo que aquélla no se refiere a ningún caso de responsabilidad refleja, sino que se trata de una responsabilidad por el hecho propio, en cuya base está la culpa del agente dañoso.

La omitida obligación de prevenir y prever un hecho como el acontecido por la directora del establecimiento (en el caso un motor encendido sin protección durante el recreo) no es sino correlato de la que le incumbe al Estado provincial, pues como éste establece, organiza y sostiene el servicio de la educación común en las escuelas públicas, a fin de asegurar el derecho de enseñar y aprender que todos los habitantes tienen (arts. 5, 14 Const. Nac.; arts. 31, 189, 190, Const. Prov.).

No hay duda de que en el servicio oficial de la educación anida una obligación accesoria y tácita de seguridad, la cual, a la manera de una garantía objetiva de preservación de la vida humana, de la integridad psicofísica y de los bienes todos, subyace en ciertas figuras contractuales y en diversas situaciones extracontractuales, como emanación del deber genérico de no dañar -"alterum non laedere"- y en resguardo de la incolumnidad de las víctimas.

CARATULA: Da Luz, Darío D. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios

El art. 1117 del Código Civil responsabiliza a los directores de colegio por los daños provocados por sus alumnos mayores de diez años. Se trata de una presunción simple por culpa, desde que expresamente contempla la liberación de tal responsabilidad si demuestran que "...no pudieron impedir el daño con la autoridad que su calidad les confería, y con el cuidado que era su deber poner".

Sobre el Director del Colegio pesa, en principio, la responsabilidad por los daños ocasionados por alumnos a los cuales no se logró inculcar, a través del personal docente y auxiliar subordinado, las pautas de disciplina necesarias para un armónico desarrollo del trabajo comúm, o sobre quienes no se ejerció una adecuada vigilancia tendiente a evitar que el hecho dañoso tuviera lugar.

Para eximirse de responder, el director del colegio debe demostrar: a) la imposibilidad de impedir el hecho dañoso (casus); b) la existencia de dicha imposibilidad pese a las potestades que ejerce para vigilar a los alumnos (ausencia de culpa) y c) que observó todos los cuidados que correspondían a su deber (ausencia de culpa).

JURISPRUDENCIA DE LA NACIÓN.

Civil y Comercial Federal

12/10/95 MORALEJO, JORGE GERMAN Y OTROS C/ESTADO NACIONAL MIN. DE EDUC. Y JUSTICIA SECRETARIA DE EDUCACION S/DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS. CAUSA N° 14.909/94.

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO: COLEGIO NACIONAL - "SALIDA EDUCATIVA OFICIAL" - ALUMNOS DE CUARTO AÑO - ROBO Y TENTATIVA DE ABUSO EN EL HOTEL - LESIONES FISICAS Y PSIQUICAS

El viaje y la estadia en puerto madryn formo parte de la labor educativa programada por el colegio nacional de vicente lopez. Tratose de una "salida educativa oficial" para alumnos que cursaban el cuarto año (y no de un viaje de placer de egresados). Esto tiene especial trascendencia juridica para enquiciar la cuestión porque, en tales condiciones, el colegio conservaba en plenitud las obligaciones de proporcionar cuidado y seguridad a los educandos, del mismo modo y con no menor intensidad que la debida dentro del propio establecimiento de vicente lopez. Y es que, en definitiva, durante la salida educativa oficial los alumnos estaban confiados a las autoridades y cuerpo docente cuya responsabilidad no sufria atenuación alguna -y si, en todo caso, una acentuación (doctrina del art. 902 Del código civil) por la presencia de nuevos riesgos y potenciales situaciones de peligro- en razon de que la tarea pedagogica hubiera de ser cumplida fuera de la sede del establecimiento de enseñanza. Dentro de este o fuera de su superficie, lo que importa es que los alumnos, cumpliendo su rol de aprendizaje, permanecian bajo el cuidado del personal docente, responsable de su integridad fisica (arts. 1115 Y 1117 del código civil).

La responsabilidad, por la misión propia del docente y la minoridad de los alumnos, es insusceptible de ser disminuida por un pacto de dispensa de la culpa -que el representante del estado pretende hacer valer aprovechando una clausula de letra pequeña ubicada en el dorso del contrato-, particularmente cuando por el lugar en que se desempeña la actividad educativa de vigilancia solo puede ser ejercida, en terminos de razonabilidad, por las autoridades escolares. Y es que es inadmisible, por violentar el orden publico y desnaturalizar por completo la función del docente, que se lo releve de uno de sus deberes esenciales (obrar con apropiada diligencia en el cuidado de los pupilos que le han sido confiados, maxime tratandose de adolescentes). De alli que una clausula de dispensa total de la culpa sea, en este ambito de la actividad humana, obsolutamente nula (art. 953 Del código civil).

La invocación del "caso fortuito", que se funda en el hecho de que el agresor estaba armado, carece de sustento juridico; ello asi, porque el ingreso del delincuente al hotel donde se hospedaban los alumnos no comporto un hecho inevitable. Hubiera bastado, al efecto, con disponer una guardia apropiada y clausurar la puerta de acceso para que el intruso no hubiese podido tener acceso a los pasillos internos y habitaciones del hotel. Tampoco puede ser afirmado que la presencia de un delincuente no resultaba previsible, pues ello significaria negar la realidad del auge de la delincuencia que asola nuestro pais. El hecho, en definitiva, pudo ser previsto y evitado con personal de guardia o custodia suficiente, dotado de elementos de seguridad adecuados a las circunstancias: el cuidado de 42 adolescentes, en su mayoría jovencitas. Por lo demas, el personal docente no extremo los cuidados requeridos por las circunstancias, lo que configura "culpa civil" y compromete la responsabilidad estatal.

Irse a dormir en las circunstancias en que se desenvolvia la vida de p. Madryn, con la consecuencia de dejar librado a los alumnos a su entera libertad y a una cierta imprudencia propia de la adolescencia, constituyo un acto de negligencia. De el se han derivado daños que acosan la vida de dos mujeres recien llegadas a la mayoría de edad, cuya tranquilidad espiritual aparece gravemente quebrada sin que nadie pueda decir hasta cuando. El daño, pues, ha sido enorme. Fruto de una irresponsabilidad proporcional. Y por ella debe pagar el estado argentino, por violación del principio neminen laede. Y aca no hay privilegios para el estado ni para nadie (arts. 43, 512, 902, 1109 Y 1112 del código civil).

Las victimas no estan totalmente liberadas de culpa, si bien la incidencia causal de su conducta es muy inferior a la que le cabe al estado por el mal desempeño de sus funcionarios, porque imprudencia por imprudencia, no es lo mismo la que pueda cometer el personal docente encargado de un grupo de adolescentes (art. 902 C.C.) Con la imputable a la actividad de jovenes del 4 año secundario, cuya edad promedio no supera los 17 años. Y es que la culpa debe ser juzgada en concreto (art. 512 Cc y su nota). Las accionantes recibieron indicación de irse a dormir (no de ir a la playa en horas nocturnas) y desobedecieron esa indicación de sus superiores. De todos modos, con la ingenuidad que les es connatural, las jovencitas volvieron al hotel -cuyas puertas permanecian abiertas, y sin vigilancia; extremos estos que conocian ciertamente- y se dirigieron a sus habitaciones. Fue entonces cuando se produjo el ataque del canalla. La inobservancia de las instrucciones recibidas del personal docente y el descuido de las circunstancias riesgosas: 1) que el hotel carecia de adecuada vigilancia; 2) que el acceso era practicamente libre porque las puertas permanecian, en la practica, las 24 horas abiertas; 3) que la zona tenia riesgos por la presencia de cabarets y gente indeseable; 4) que ninguna vigilancia podia ser esperada del personal docente, que dormia placidamente; y 5) que, en el fondo, la directiva de las profesoras no habia sido acatada, demuestran que las actoras -que contaban con suficiente discernimiento para superar peligros, riesgos y conductas sin problemas- también incurrieron en una conducta no exenta de reproche civil y que tuvo incidencia causal en la concreción de los daños. Y, sopesando la incidencia causal de cada conducta, logico es admitir que la responsabilidad del personal docente es de muy superior entidad con relación a la imputable a jovenes de 16 y 17 años, porque el cuidado y vigilancia corria por cuenta de ese personal. Por ello, meritando en concreto la culpa de las partes y su incidencia causal en los daños, es imputable al estado nacional el 85% de los daños y el 15% a las actoras.

RESÚMENES DE OTROS FALLOS:

Como la presunción de responsabilidad a la que alude el art. 1117 del cód. civil es iuris tantum, tal como se desprende de la parte final de dicha norma, el director del colegio puede demostrar que ni siquiera incurrió en la culpa mediata. Desde este punto de vista, en el caso, cabe responsabilizar al Director del Establecimiento, toda vez que de las características del ventanal desde el cual fue arrojado el bolso causante del daño a la actora, frente a la forma en que ocurrieron los hechos, debió probar y no lo hizo que los vidrios de la ventana estaban en buen estado de modo de dificultar esa clase de acciones peligrosas. (CNCiv. y Com. Fed., sala 3, mayo 13-1992). ED, 153-151.

La mención en el art. 1117 del cód. civil de los "directores de colegios" sólo comprende en la presunción legal de responsabilidad a la autoridad que rige el instituto y no a los maestros o profesores; respecto de éstos se aplica el principio general de la prueba de culpabilidad. La expresión "maestros artesanos" se refiere a otros supuestos. Es por lo expuesto que el sub examine, frente a los daños provocados a terceros por alumnos del establecimiento escolar, cabe liberar la responsabilidad a la profesora a cargo del curso si no se probó su culpa en el cumplimiento de sus deberes. (CNCiv. y Com. Fed., sala 3, mayo 13-1992). ED, 153-151.

Es responsabilidad excluyente del instituto educativo en los términos del art. 1117 del cód. civil, por el hecho del educando que, encontrándose en el establecimiento, arrojó la mochila con útiles a otro educando que se encontraba en el exterior del mismo, causando daños a la actora que transitaba por el lugar al hacer impacto contra su físico. (CNCiv. y Com. Fed., sala 3, mayo 13-1992). ED, 153-151.

Si el art. 1117 del Cód. Civil llega a estatuir - bajo determinadas condiciones - la responsabilidad de los directores de colegios por el daño causado por sus alumnos en virtud de la autoridad que su calidad les confiere, resulta natural reconocer la misma autoridad para precisar las conductas que interfieren el orden disciplinario. (CNCont.-Adm. Fed., Sala I, Noviembre 5-1991). ED, 145-426. - Con nota de Germ n J. Bidart Campos.

No se opera presunción que estatuye el art. 1117 del Código Civil si no se invocó ni probó un hecho concreto imputable a título de culpa a las alumnas de un instituto escolar que asistieron como ayudantes en la realización del ejercicio físico que provoca el daño a la hija del accionante; ello es así; por cuanto para actuarse la responsabilidad refleja del Instituto de enseñanza- como as¡ la responsabilidad de los padres respecto de sus hijos menores es menester dicha acreditación (CNCiv Sala E, Marzo 11 1987) ED, 124-574.

Incumplido el deber de custodia que pesa sobre el Instituto escolar (art. 1117, Código Civil) hecho que facilitó el obrar imprudente del alumno damnificado, resulta indudable la parcial responsabilidad del establecimiento educacional (CNCiv. y Com. Fed., Sala II, Abril 12 1985, Gómez Ortega, Alonso y Otra c. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y Otro).

No resultan atendibles los argumentos de la Universidad Nacional de La plata - declarada responsable de los daños y perjuicios derivados de las lesiones sufridas por un menos de 15 años de edad, en una clase de educación física- enderezados a impugnar la interpretación y aplicación del art. 1117 del Código Civil efectuadas por el a quo, si tal cuestión no fue planteada por dicha parte al recurrir el fallo del juez de primera instancia, que adoptó un criterio análogo (CS, Junio 21 1984, Mochi, Aquiles H. C. Universidad Nacional de La Plata y Molla Villanueva, Julio E.).

Al margen de los casos en los que los directores responden en los términos del art. 1117 del Código Civil - daños que los alumnos causan a otros alumnos o a terceros en general -, la potencial responsabilidad del director se emplazaría en el art. 1109, de estar referida al sector hecho propio o en el art. 1113, parr. 1 si estuviera de por medio la culpabilidad de un dependiente funcional de dicho director (del voto del doctor Bueres) (CNCiv., Sala D, Agosto 29 1983). ED, 106-682.

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